ERNESTO REYES
La violencia que amenaza la tranquilidad de Oaxaca de Juárez y su zona conurbada, como sucedió el martes 8 de julio con la ejecución de Luis Villaseca, incluyendo a dos integrantes de su familia y un “acompañante”, no va a ser tan fácil obviar como fenómeno social en esta temporada de guelaguetza, el espectáculo folclórico en que terminó la añeja tradición de los lunes del cerro.
Nadie desea que este sea el horizonte de quienes habitamos en la histórica ciudad que, en el mes de julio, es punto de concentración del turismo nacional y extranjero.
Y no va a terminar si el Estado, como un todo, no alcanza los objetivos de recuperación del tejido social maltrecho desde los gobiernos de José Murat y Ulises Ruiz, y si la estrategia de seguridad no incluye la sanción social o política, al menos, de aquellos funcionarios y políticos de la “primavera oaxaqueña” que, desde sus altos cargos de responsabilidad, mantienen estrecha relación con dirigentes de gremios que controlan contratos de obras de construcción, transporte en varias modalidades, incluyendo carga, materiales, distribución de agua, mototaxis y sitios de alquiler, por decir lo menos, y que se extiende a prácticas que rondan en conductas tipificadas como delitos en los fueros común y federal.
La opinión pública sabe que hay complicidad cuando los gremios participan en campañas políticas y aparecen en la promoción y protección de políticos del verde- morena, como antes lo hacían con el PRI y el PT. Muchas campañas políticas, en esta capital, en Santa Lucía del Camino o Santa Cruz Xoxocotlán y otras, se nutren con estos contingentes, incluyendo el acto electoral. Lo saben muy bien quienes perdieron la elección municipal por morena en Oaxaca de Juárez.
Con dichos antecedentes y las facilidades que los gobiernos en turno les prodigan, tolerándoles que hasta formen asociaciones y partidos políticos, estamos condenados a seguir viviendo este estado de cosas pues mientras en los gabinetes de seguridad se esmeran en demostrar que los actos criminales son poco frecuentes y Oaxaca se ubica en los primeros lugares en materia de seguridad, se observa a “vicepresidentes” y “vicegobernadores” alegremente fotografiados con representantes de estos grupos violentos.
Oaxaca de Juárez ya no es una ciudad segura, lamentablemente, como publicitan los gobiernos, ni porque existe mejor coordinación entre los gobiernos estatal, federal y municipal; dichos esfuerzos en algo pueden contribuir, pero si desde la cúspide del poder no se extirpan los tradicionales modos de hacer política, como hacían los priistas -y algo tuvo que ver con que cayeran de la gracia del electorado para hundirse en la nada- de poco servirán más elementos, patrullas y agentes capacitados.
si Juchitán de Zaragoza es actualmente un “foco rojo” en cuestiones de seguridad, homicidios dolosos, etcétera, no permitamos que la ciudad capital se sume a la preocupación nacional.
Ya bastante tenemos con los crecientes impactos de la turistificación en ciudades históricas, barrios, pueblos y territorios indígenas como parte de la expansión del capital asociado con un turismo mercantilizado y depredador de naturaleza y cultura, como comenta en La Jornada la antropóloga Alicia Castellanos.
La tranquilidad en la histórica capital del sur está de nuevo a debate.
Mientras se tolera a los actores descritos, una veintena de organizaciones sociales convocan para el día 17 de julio a la Asamblea por la Reconstitución del Movimiento Social en Oaxaca. En dichas sesiones de reflexión crítica y colectiva buscarán consensar estrategias y acciones para fortalecer la capacidad de protesta y respuesta a las acciones del gobierno.
“Necesitamos repensar nuestras formas de organización, fortalecer los vínculos entre luchas diversas, reconstruir confianzas, y generar estrategias que combinen la defensa inmediata con la construcción de otros horizontes colectivos”.
Se quejan de que el quehacer de organizaciones sociales y defensoras de derechos enfrenta un panorama cada vez más complejo y hostil: “La criminalización de los movimientos, lejos de ser una práctica excepcional, se ha vuelto parte del paisaje cotidiano: se deslegitima la protesta, se judicializa la disidencia, y se persigue a quienes, desde los territorios, denuncian los abusos del poder.
Este proceso de estigmatización no es solo discursivo o mediático; se traduce en amenazas, hostigamientos, desapariciones y asesinatos que buscan imponer el silencio como forma de control”.
@ernestoreyes14
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Puerto Libre 