ERNESTO REYES

Como sucede a partir de 2018, cuando por el empuje de millones de votos arribó un nuevo gobierno, cada que se anuncia una reforma electoral saltan a descalificarla voceros del viejo régimen, movidos por “expertos” completamente rebasados por el juicio de la historia, dada su oposición a los cambios.

El régimen político que cometió los dos grandes fraudes electorales de1988 y 2006, durante décadas impidió el acceso a cargos de representación a diferentes sectores, como mujeres, jóvenes, indígenas, migrantes o integrantes de las minorías. Y así contuvieron el empuje de obreros, campesinos, empleados, que provinieran de sectores independientes, no se diga de quienes abrigaron la ideología de izquierda, democrática, progresista. Con sus reformas electorales, urdidas por las cúpulas partidistas (en la Secretaría de Gobernación) a lo largo de casi 50 años, mantuvieron maniatada a la sociedad para que nadie les disputara el poder político.   

El grupo de notables, refugiado en parte de la academia y organizaciones supuestamente de la sociedad civil, con su caja de resonancia en medios corporativos, basa su análisis en lo que deja ver Héctor Aguilar Camín, quien tacha la iniciativa de la presidenta Sheinbaum -todavía sin proyecto, sino mediante una comisión presidencial que convocará a foros de análisis y encuestas- como una mascarada que terminará imponiendo lo que la mayoría gobernante -ejecutiva, legislativa y partido mayoritario- desee hacer: un perfecto autorretrato de intenciones, dice, o lo que es lo mismo, según el novelista, una reforma electoral de Estado, válida solamente para el partido en el gobierno y para sus representados en la comisión.

Su alegato a favor de la pluralidad política, es decir, para que incluyan a la oposición y a los “conocedores” del tema, arrogándose una representación que nadie les ha dado, tiene el mismo sentido de la reforma judicial: descalificar la intención presidencial de consultar el punto de vista de la gente de a pie, la que nunca había sido tomada en cuenta hasta que llegó López Obrador y comenzó el sano ejercicio de recoger la opinión, por ejemplo, sobre si la gente estaba de acuerdo o no en juzgar a los expresidentes, la revocación del mandato presidencial, etcétera.

Según el artículo 35 constitucional todos tenemos derecho a votar en las consultas populares en temas de trascendencia nacional, por lo que no sería mala idea convocar a una de ellas para resolver temas como la elección popular de consejeros del INE, el financiamiento a partidos, la limitación de plurinominales, etcétera. 

Los abajo firmantes que descalifican la propuesta, los encabeza el expresidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova y exmagistrados electorales. Sí, el racista y clasista que en llamada telefónica se burló de los pueblos indígenas, en la persona de Mauricio Mata Soria, gobernador indígena pluricultural, quien como parte de una comisión acudió hace 10 años a reclamar al funcionario la falta de acceso a cargos electorales para este sector. También figura el operador del robo de la presidencia a López Obrador, para entronizar a Felipe Calderón, Luis Carlos Ugalde; aparecen otras personas que desde el Instituto Federal Electoral y luego el INE, prestaron “importantes” servicios al oxidado sistema de partido casi único, que terminó hace 7 años, pero que se mantuvo intacto, pasando por el traidor a la democracia de Vicente Fox, etapas en que engañaron con reformas político-electorales, supuestamente progresistas, que nunca pusieron en peligro al sistema de partidos que el PRI inventó con la complicidad del PAN y otros actores. Desean una reforma de consenso, es decir, con ellos.

La comisión del poder ejecutivo -que cuenta con la legitimidad de 35 millones de personas que votaron por Claudia Sheinbaum- está encabezada por Pablo Gómez e integrada por juristas y funcionarios de absoluta probidad, quienes tendrán que recoger el sentir ciudadano sobre el tema. Tienen el reto de darle viabilidad a la idea, que no pudo aterrizarse en los planes A y B de AMLO, de poner un hasta aquí a que solamente las cúpulas partidistas y sus allegados se beneficien de los cargos. Son tantos cambios, como reformar el INE y rebajar el gasto de los partidos, o apresurar el voto electrónico y el sufragio en el extranjero. A ver cómo les va con los satélites de morena, el verde y pt donde, en el primero de los casos, antiguos priistas hacen grandes negocios apoyando las iniciativas de la 4T.

Los ciudadanos tenemos derecho de participar en la vida pública, no solo los días cuando se celebran elecciones, sino de manera más frecuente en el ejercicio del poder público, a fin de hacer realidad la democracia participativa, no sólo la representativa. Aunque no guste a los “iluminados”.

@ernestoreyes14

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