México Evalúa hizo un análisis de la información que producen los 32 poderes judiciales de México y el Poder Judicial Federal, así como de la que necesitan o ‘consumen’ para funcionar adecuadamente. 

El análisis es el punto de partida para el diseño de una propuesta de contenidos mínimos de información y de indicadores que, de publicarse, darían pie a un cambio significativo en la transparencia de la información judicial. 

Esta propuesta, única en su tipo, busca que sea posible medir y comparar el desempeño de los poderes judiciales en el tiempo y entre sí.  

Ciudad de México, 14 de septiembre de 2021 Los poderes judiciales no siempre cuentan con la información necesaria para identificar sus áreas de oportunidad y para tomar decisiones oportunas que les permitan mejorar su desempeño. Si la tienen, no necesariamente la publican, lo que impide que los ciudadanos podamos evaluarlos.

Como respuesta a este desafío, presentamos una propuesta de contenidos mínimos de información y de indicadores que, de publicarse, darían pie a un cambio significativo en la transparencia de la información judicial. En el estudio Información desde y para el fortalecimiento de los poderes judiciales proponemos un cuerpo de contenidos e indicadores de aplicación universal, es decir, que podrían ser replicados por los 32 poderes judiciales del país y por el Poder Judicial Federal. Su implementación permitiría comparar y evaluar el trabajo de los poderes, fortalecer su funcionamiento y su independencia judicial, en tanto los espacios y canales de información ya existentes continúan su perfeccionamiento.       

“Un poder que es crucial para la democracia y la vida en sociedad no puede seguir en las sombras. Todas y todos deberíamos ser capaces de acceder a información que nos permita saber cómo está actuando el Poder Judicial, pues cada determinación que se toma detrás de sus puertas tiene un potencial impacto en nuestros derechos y calidad de vida”, dijo Edna Jaime, directora general de México Evalúa.

¿Qué encontramos en el análisis? Primero, detectamos que si bien los poderes judiciales han avanzado mucho en los últimos 20 años en el tema de la transparencia, a menudo la información que publican algunos de ellos para responder a sus obligaciones de transparencia a través de la Plataforma Nacional de Transparencia no cumple con los estándares de calidad mínimos: no siempre está actualizada, en un formato accesible o completa, por ejemplo.
En cuanto a la transparencia proactiva, es decir, la información que las instituciones proporcionan de manera voluntaria –más allá de sus obligaciones de transparencia–, los poderes judiciales publican información muy asimétrica entre sí, lo que denota capacidades y perspectivas distintas en cuanto a lo que puede ser información útil y de interés para la ciudadanía. 

En cuanto a la transparencia reactiva, es decir, la relacionada con las solicitudes de acceso a la información, se detectó que algunos poderes judiciales las contestan con cierto grado de simulación. Aunque formalmente aseguran cumplir con estas obligaciones, muchas veces tardan en responderlas, solicitan que sean reformuladas en otros términos por no ser del todo claras, la información proporcionada no está completa o no corresponde a lo que se solicitó, e incluso simplemente no las responden. Por ello, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Hugo Concha Cantú, y el equipo de Transparencia en la Justicia de México Evalúa desarrollaron una propuesta de contenidos mínimos de información e indicadores a publicarse por parte de los poderes judiciales.

El objetivo de esta propuesta es doble: que estas instituciones puedan identificar sus áreas de oportunidad y tomen decisiones informadas para atenderlas, y que los ciudadanos podamos evaluar y comparar su desempeño. Los 13 contenidos mínimos se basaron principalmente en una revisión de la información que los ciudadanos suelen pedir de manera recurrente a los poderes judiciales, y cubren, entre otros, aspectos relacionados con los procesos de selección de los funcionarios jurisdiccionales, incluyendo a los jueces y magistrados, y de los consejeros de la judicatura, sus sueldos, las encuestas de satisfacción aplicadas por los propios poderes judiciales, a los usuarios de sus servicios, todos los reportes de auditorías internas y externas realizadas, así como todos los pagos que realizan a proveedores por más de 25,000 pesos. Los 27 indicadores propuestos se dividen en seis rubros: diseño institucional o estructura; funcionalidad o desempeño; cooperación federal; rendición de cuentas; gobierno judicial abierto, así como innovación y tecnología.

 “Frente a la tradición de opacidad judicial, algunos poderes judiciales se han comprometido recientemente con prácticas de justicia abierta”, aseguró Laurence Pantin, coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia. “De ser adoptada por los poderes judiciales, la propuesta que presentamos hoy constituiría un enorme paso hacia una mayor transparencia de la información judicial, muy necesaria para consolidar la confianza ciudadana en estas instituciones”.