Puerto Libre

Guillermo Hernández Puerto

Vaya un reconocimiento a la propuesta  planteada por el diputado Mauro Cruz Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de citar a comparecer a los titulares de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), Javier Lazcano Vargas y de Finanzas (Sefín) Vicente Mendoza Téllez Girón para que informen al Congreso del Estado del Crédito de 3 mil 500 millones de pesos que autorizó esa Soberanía al gobernador Alejandro Ismael Murat Hinojosa, propuesta  que fue aprobada por esa Legislatura.

 En medios informativos se dio a conocer que esta determinación es porque al momento no se ha recibido en la Cámara de Diputados local, ni en la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación de la LXIV Legislatura.

 Además, porque la deuda no se encuentra registrada y autorizada en su totalidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como lo establece la ley. Hasta el 14 de febrero únicamente fue registrada la cantidad de mil 500 millones de pesos, expresó en su propuesta el diputado de Morena, Cruz Sánchez, la cual fue aprobada desde el pasado 4 de agosto.

 En el punto de acuerdo impulsado por Cruz Sánchez, se justificó que se “ha identificado que muchas de las obras relacionadas en el decreto de autorización han perdido vigencia y oportunidad de su implementación. Otras están en proceso de construcción o ya fueron construidas por los municipios con recursos propios o de otras fuentes”.

Ambos funcionarios deberán rendir cuentas a detalle sobre la ejecución de los 3 mil 500 millones de pesos aprobados el pasado tres de octubre de 2019 por la representación popular, mediante el Decreto 809, mismo que entró en vigor luego de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el día 5 de octubre de 2019.

Por supuesto que somos neófitos en estos temas económicos, pero tenemos sentido común. Y este sentido común, así como el ser escéptico nos lleva a pensar que el caso huele a corrupción, empezando por decir que es corrupto todo aquel funcionario que carece de la capacidad de hacer bien su chamba o que actúa de mala fe para sacar ventaja económica para sí o para sus jefes tratándose del manejo del dinero del pueblo. Y el pueblo a través de sus legítimos representantes tiene todo el derecho a saber el manejo de este recurso, porque la deuda pública la paga el pueblo no el gobernador del estado. 

 Y los funcionarios que para sí o para sus jefes saquen beneficio de este recurso deben ser llamados a cuentas y en su caso castigados conforme a la ley.

 En suma diremos que no tenemos confianza en el actuar de Lazcano Vargas y de Téllez Girón, porque terminado el sexenio se van y pueden irse con las bolsas llenas de dinero del crédito de 3 mil 500 millones de pesos.

 Y tienen todo a su favor para cometer actos de corrupción con ese dinero.

Decimos esto, porque en Oaxaca las instituciones están hechas a modo para desviar o robarse los recursos del pueblo. Por ello debiera reformarse la ley y poner candados a fin de parar el criminal saqueo que se viene haciendo contra Oaxaca.

 El Fiscal Anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas es solo un bufón del gobierno muratista. 

  La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental está en manos del hijo de Chucho Bolas, otro bufón. Y esto es solo un botón de muestra.

En el caso que nos ocupa, solo los diputados del Congreso local pueden no solo exigir cuentas claras a Lazcano Vargas y a Téllez Girón, si no evitar que se haga mal uso del crédito de los 3 mil 500 millones de pesos y que cientos de millones de pesos vayan a dar a las bolsas de estos funcionarios y de su jefe en turno y, en el caso que se desvíen o se roben estos recursos, hacer que los corruptos  no solo devuelvan lo desviado y robado, sino que paguen con cárcel sus raterías, porque ¡ya basta que corruptos y sinvergüenzas se sigan enriqueciendo con los recursos del Pueblo Oaxaqueño!.